IMAGENES DE LA ZAFRA 2008

EL INGENIO SANTA BARBARA ADEMAS DE LA CONTAMINACION CON MATERIAL PARTICULADO DE SUS 05 CHIMENEAS SIN FILTROS PERMITE LA QUEMA DE CAÑA EN SUS PREDIOS PARA DESPUES RECIBIRLA EN SUS INSTALACIONES SUMIENDO A TODA LA POBLACION EN UNA DEGRADACION ATMOSFERICA ALTAMENTE DAÑOSA PARA LA SALUD Y SEGURIDAD DE SUS HABITANTES.-

INGENIO SANTA BARBARA

IMPUNIDAD, CORRUPCION Y DELITOS AMBIENTALES

Sanjuan votó a favor de la resolución que declara la falta de mérito
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“Por ahora no existen méritos suficientes para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer la conducta de Julián Patricio Rooney”. Así comienzan los fundamentos en disidencia con el procesamiento del ejecutivo de Minera Alumbrera por presunta contaminación ambiental por parte del camarista Ricardo Mario Sanjuan, quien votó por la confirmación de la falta de mérito dispuesto a favor de Rooney.
El camarista también desestimó una inspección ocular del juez actuante en la planta de tratamiento de Minera Alumbrera y aseguró que corresponde que se dispongan nuevas pruebas periciales con el control de las partes. Para Sanjuan, se debe entender como partes también a la Universidad Nacional de Tucumán y a la provincia de Catamarca (YMAD), quienes forman una UTE con la minera.

El Dr. San Juan Camarista, entiende que hay falta de merito en el pedido de Procesamiento para el responsale de Miner Alumbrera
Sanjuan también apuntó contra el fiscal federal general ante la Cámara, Antonio Gustavo Gómez, y votó para que se declare la nulidad absoluta de sus actuaciones preliminares. “Pese a tener conocimiento de iguales actuaciones realizadas en el marco de una causa judicial –con las correspondientes garantías- continuó desarrollándolas en forma secreta, unilateral, frustrándose así –con su irresponsable intervención- un proceso que, a la fecha podría haber concluido”, disparó en el escrito.
El fiscal general federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, realizó una observación sobre las obligaciones y el tratamiento de los hechos ambientales tanto en Tucumán como en el país. El fiscal analizó los roles de los jueces, de las instituciones y los incumplimientos de las leyes que reflejan a simple vista las consecuencias que provoca la contaminación.“Organismos no gubernamentales de nuestro país como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Pacto Verde –por mencionar alguna de Tucumán- y tantas otras no dudan en afirmar que el derecho al ambiente sano que impone el art. 41 de la Constitución Nacional es un derecho humano esenciales. El punto es saber si este derecho está debidamente protegido en nuestra legislación nacional, provincial y municipal. Y en caso de obtener una respuesta afirmativa verificar si es aplicada por la Administración Pública y los jueces competentes para el caso.
Desde ya que si la protección es directamente proporcional a la profusión de normas ambientales cualquier extranjero no dudaría en afirmar que los ciudadanos argentinos tienen leyes y decretos de sobra. Pero a poco que investigue se dará cuenta que entre ellas se contradicen, se superponen, y en el mejor de los casos, pasan al olvido.
Los hechos nos dicen lo contrario. Vivimos en regiones con índices muy altos de contaminación y al parecer son pocos los que se dan por enterados. La falla está en el “enforcement” , en la aplicación y cumplimiento de esas normas como bien lo señala Daniel Taillant en su obra “Derechos Humanos y Ambiente en la República Argentina”.
Ante esa falta de aplicación es que el legislador nacional se ve obligado en la década pasada a sancionar con el máximo rigor a quienes contaminan. Es que incluso el propio Estado había dejado de ser garante de la dignidad humana. Así nace la ley 24.051 conocida como de Residuos Peligrosos y que contiene un capítulo penal con penas de prisión tanto para los delitos ambientales dolosos como culposos.
A quince años de aquella ley hay sólo dos sentencias de condena y no mas de doscientas causas iniciadas en todo el país por infringir los artículos 55 y 56 de la mencionada ley federal. Y aquí los términos cambian. Ya no hay una falla en el “enforcement”, hay impunidad. Porque no es que se ha dejado de contaminar, al contrario, en actividades industriales tales como la minería los índices de contaminación se han cuadriplicado. ¿Qué falla? Déjenme ensayar algunas respuestas que en mi modesta opinión afectan este marcado déficit.
1) El acceso a la justicia tiene obstáculos insalvables para la mayoría de la población. Por lo general no se sabe que existen los delitos de contaminación ambiental y es habitual encontrar en las periódicas conferencias que hacemos caras de asombro ante la novedad. Hay que crear una verdadera idea de justiciabilidad posible ante estos hechos.
2) El Gobierno de turno gravemente perjudicado por las inversiones que debe hacer en materia de salud pública para contrarrestar los efectos de la contaminación asume tres conductas:
A) Hay veces que ignora el proceso penal cuando bien podría presentarse como querellante con el objeto de resarcirse por la pérdida patrimonial que implica acrecentar el presupuesto de los hospitales.
B) Sus funcionarios evitan denunciar los delitos ambientales a pesar de que el artículo 277 del Código Penal reprime este tipo de conductas con penas de hasta tres años de prisión.
C) Asume un rol cómplice autorizando expresamente la contaminación, en el orden provincial y municipal, con índices superiores a los permitidos en el orden federal aduciendo que estos delincuentes de “guante verde” ofrecen fuentes de trabajo que no pueden despreciarse. Es así que proliferan resoluciones y planes de “producción limpia”, y si no fuera suficiente, visitan despachos judiciales abogando por los imputados y procesados.
3) Desde el Poder Judicial se suma que no son muchos los jueces federales que advierten la importancia que tienen este tipo de delitos. Por caso se privilegia la lucha contra el narcotráfico sin advertir que el universo de ciudadanos afectados por los delitos ambientales es mucho mayor que una tenencia de estupefacientes prevista por la ley 23.737.
Ello sin considerar las presiones a la que se somete un magistrado cuando atiende una causa donde está en juego miles de millones de pesos de inversión económica o la misma paz social como ocurre en el caso de las pasteras de Fray Bentos.
4) El deslinde de las competencias de cada juez sea federal o provincial -que se trata en este mismo ejemplar en cuadro aparte- paraliza el trámite y las pocas causas que se inician terminan declarándose la prescripción de la acción penal.
En definitiva y parafraseando los dicho por la CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION para combatir la contaminación ambiental es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad. Para ello tenemos que estar “decididos a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.” (Ley 24.759).
Por/ Antonio Gustavo Gómez
Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán

EL DESPOJO DE LAS MINERAS Y LA LUCHA SOCIAL

Pino Solanas investigó en Tucumán para su nuevo film sobre el saqueo de los recursos naturales



Solanas recabó información sobre causas ambientales impulsadas por Gómez a quien le expresó su apoyo.


La nota en imágenes

El laureado cineasta realizó entrevistas y recopiló información de cara a su nuevo documental en el que se explayará sobre el negociado, la corrupción y la contaminación ambiental detrás de la explotación de los recursos naturales en el país. Entrevistas con ambientalistas y en la Justicia Federal. El acuerdo entre la UNT y Minera Alumbrera y la embestida judicial del camarista Ricardo Sanjuan contra ONGs ecologistas, también están en la agenda de Solanas. Fuerte respaldo al fiscal general Gustavo Gómez sobre quien piden su destitución.

El reconocido director de cine, Fernando Ezequiel “Pino” Solanas, estuvo en la provincia recavando información en vistas a su nuevo documental basado en el saqueo de los recursos naturales del país. El cineasta llegó el domingo y se reunió con integrantes de la ONG ambientalista Pro-Eco, en su sede de Tafí Viejo (Laprida 116), donde buscó material para su próximo film.

Se trata de información vinculada a la lucha ambiental emprendida por diferentes organizaciones vecinales de la región. En este marco, Solanas se interiorizó sobre los reclamos de las asambleas sociales hacia la Justicia Federal en cuanto a la causa iniciada contra Minera Alumbrera por contaminación ambiental.

Como se recordará, luego de años de espera, el 29 de mayo pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió el procesamiento de Julián Rooney, en su calidad de vicepresidente de Minera Alumbrera, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051.

La causa se había iniciado en 1999 tras una denuncia del ex secretario de Medio Ambiente de la provincia, Juan Antonio González, quien había denunciado una presunta contaminación producida en el canal de desagüe DP2 (Ranchillos, Cruz Alta) donde la minera vuelca sus efluentes industriales. Este canal está conectado a la cuenca Salí-Dulce.

El cineasta bonaerense se mostró interesado en conocer en profundidad el desenvolvimiento de las protestas sociales realizadas frente a Tribunales Federales en reclamo de celeridad en esta causa, por parte de las ONGs. Uno de los aspectos que más llamaron la atención a Solanas se vincula a la denuncia realizada por el camarista Ricardo Mario Sanjuan contra integrantes de la Asamblea Socio Ambiental del NOA (Asanoa), de la cual forma parte Pro-Eco, quienes durante febrero escracharon a los camaristas federales en pos de una urgente definición en la causa Rooney.

Pocas semanas después de las protestas, la Cámara falló contra el directivo minero, con el voto de Sanjuan en disidencia. La influencia de las movilizaciones sociales sobre la Justicia también podría ser reflejada en la próxima obra del ex candidato a presidente en 2007 por el Movimiento Político Proyecto Sur (a través del cual obtuvo el quinto puesto con alrededor de 300 mil votos).
Entrevistas en la Fiscalía General Federal y en el Rectorado de la UNT

En tanto, durante la mañana de ayer, el premiado director de documentales como “La dignidad de los nadies”, “Argentina latente” o la recientemente estrenada “La próxima estación”, mantuvo una entrevista en Tribunales Federales con el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez.

Allí, en diálogo exclusivo con primerafuente, el cineasta optó por no hacer declaraciones sobre su nuevo trabajo aunque sí se expresó para reivindicar el rol de Gómez a la hora de llevar adelante centenares de denuncias vinculadas a la violación de leyes que protegen al medio ambiente, entre ellas la citada causa de Minera Alumbrera.

En este sentido, Solanas repudió los pedidos de destitución remitidos a la Procuración General de la Nación en contra del fiscal general (ver video que acompaña a esta nota) y se sumó, de esta forma, a la campaña nacional en defensa del funcionario judicial por parte de diversas organizaciones que defienden su desempeño.

Cabe recordar que se presentaron dos pedidos de destitución contra Gómez: uno impulsado por el empresario Carlos Gordillo, quien estuvo involucrado en una causa penal tributaria investigada por la propia Fiscalía General. Otro planteo fue realizado por el secretario general de los empleados judiciales, Julio Piumato, quien acusó a Gómez de haber acosado a empleados. Paradójicamente, estos trabajadores enviaron notas a la Procuración negando las acusaciones.

Asambleas ambientalistas vincularon estas denuncias al procesamiento Rooney y la investigación en torno a supuestas irregularidades en el proyecto Lomas de Tafí, ambas encaradas el fiscal general.

Tras reunirse con Gómez, el ex convencional en la reforma de la Constitución Argentina de 1994, realizó nuevas entrevistas con militantes de Pro-Eco en el Rectorado de la UNT. Esto con el objetivo de conocer las implicancias de relación entre la Casa de Altos Estudios y Minera Alumbrera, en el marco de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que conforman esta minera y el organismo Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), integrado por la UNT y el gobierno catamarqueño, los cuales recibirían, en total, el 20 por ciento de las utilidades generadas por la explotación de Bajo la Alumbrera.

En el mismo lugar, Solanas aprovechó a reunirse con el geólogo de la UNT, Florencio Aceñolaza. Tras esto, durante la tarde de ayer, partió hacia Mosconi, para analizar el impacto que tuvo en esa ciudad petrolera salteña el proceso desregulación y privatización dispuesto por el gobierno menemista.

Pérez Esquivel se sumó a la campaña en defensa de un fiscal federal de Tucumán




Las investigaciones de Gómez se ganaron el apoyo de organizaciones sociales y la bronca de sectores del poder.


Las investigaciones de Gómez se ganaron el apoyo de organizaciones sociales y la bronca de sectores del poder. --->
El Premio Nobel argentino envió una carta al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, en defensa del fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez, quien tiene dos pedidos de destitución en el órgano judicial federal. Esquivel calificó de “difícil e injusta” la situación del fiscal a quien lo identificó como “un símbolo de una justicia transparente e independiente”. El Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, salió a expresar su respaldo a la continuidad de fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez, quien soporta dos pedidos de destitución en la Procuración General la Nación (PGN). De esta forma, el reconocido militante defensor de los derechos humanos, se sumó a la masiva campaña internacional en defensa de Gómez quien en la actualidad se encuentra imposibilitado de realizar nuevas investigaciones preliminares por disposición del Procurador General de la Nación, Esteban Righi.
A través de una carta enviada a Righi,el 12 de noviembre pasado, Esquivel calificó de “difícil e injusta” la situación del fiscal a quien destacó por su “por su compromiso con los intereses del pueblo, y por su defensa continua de la justicia”. “Esa convicción lo llevó a luchar contra la impunidad, a investigar a los poderosos, a enfrentarse con empresas y personas que pensaban que su poder económico le permitía violar la ley”, agregó el profesor de arquitectura.
Esquivel fue más allá y se animó a calificar al letrado federal como un “símbolo de una justicia transparente e independiente”. “Nuestro deber es proteger a este hombre de justicia, honesto y comprometido, mientras que su destitución significaría que en nuestro país sigue triunfando la impunidad”, sentenció.
Existen dos pedidos de destitución contra Gómez: uno impulsado por el empresario Carlos Gordillo, quien estuvo involucrado en una causa penal tributaria investigada por la propia Fiscalía General.
Otro planteo fue realizado por el secretario general de los empleados judiciales, Julio Piumato, quien acusó a Gómez de haber acosado a empleados. Paradójicamente, estos trabajadores enviaron notas a la Procuración negando las acusaciones.
Asambleas ambientalistas vincularon estas denuncias al procesamiento dictado mayo pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán de Julián Rooney, en su calidad de vicepresidente de Minera Alumbrera, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051. Uno de los principales impulsores de esta investigación fue el propio Gómez quien, además, llevó adelante causas vinculadas a irregularidades en el proyecto habitacional Lomas de Tafí.

El origen del procesamiento a Rooney
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El 29 de mayo pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán echó por tierra la falta de mérito que había declarado el destituido juez Felipe Terán y dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Julián Patricio Rooney en su calidad de vicepresidente de Minera Alumbrera como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051.
En el fallo votaron a favor los camaristas Ernesto Wayar (presidente), Graciela Fernández Vecino y Raúl Mender, y en disidencia Ricardo Sanjuan; mientras que Marina Cossio de Mercau estuvo ausente al momento de la votación. La decisión de la Cámara responde a un recurso de apelación que había interpuesto el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, en contra de la resolución del destituido juez Felipe Terán, quien había declarado la falta de mérito a favor de Rooney. La causa se había iniciado en 1999 tras una denuncia del ex secretario de Medio Ambiente de la provincia, Juan Antonio González.
Concretamente, el biólogo investigador del Instituto Miguel Lillo había denunciado una presunta contaminación producida en el canal de desagüe DP2 donde la minera vuelca sus efluentes industriales. Dicho canal está ubicado en la ruta provincial 302, en la localidad de Ranchillos (Cruz Alta). Allí convergen las aguas que provienen de una planta de filtrado ubicada en esa zona, lugar donde desemboca, por medio de un mineraloducto, el concentrado de mineral que la empresa extrae del yacimiento Bajo La Alumbrera (Catamarca).
“Entendemos que se encontraría demostrada la realización de una actividad contaminante del agua a través del derrame de efluentes industriales sin previo tratamiento de descontaminación, en el curso del DP2”. De esta manera, los camaristas concluyeron el análisis de las pruebas probatorias del expediente (ver aparte). A esto agregaron que está demostrado que “dicho canal es utilizado como canal de desagüe, para fuente de agua de animales, riego de hortalizas y eventualmente bebida de personas y que el receptor final es el dique de Termas de Río Hondo”.
La medida judicial fue largamente esperada por distintas agrupaciones ambientales de la provincia que, en consonancia con ambientalistas nacionales, exigen que se investiguen los graves daños ambientales que producen los emprendimientos de minería a cielo abierto.
Afirman que a un directivo de Minera Alumbrera podrían condenarlo a tres años de prisión




Rooney podría terminar tras las rejas por el daño ambiental de la minera.


Rooney podría terminar tras las rejas por el daño ambiental de la minera. --->
Al vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, podrían condenarlo a un mínimo de tres años de prisión por violación a las leyes que protegen al medio ambiente. Así lo afirmó el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez en una entrevista concedida a un diario porteño de tirada nacional. “Si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más”, alertó el funcionario judicial. Que se condene a un alto directivo de una empresa multinacional por haber dañado al medio ambiente, en este país, parecería ser una quimera. Que la utopía se convierta en una realidad dependerá de la Justicia. Por lo pronto, ya hay quienes dieron su parte para que un hecho de estas características se constituya en un precedente histórico de cara a la defensa de las leyes que tienden a la preservación de la vida.
Para el principal impulsor de la causa contra el vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por el daño ambiental que esta empresa produce en una investigación vinculada al impacto que sufre la cuenca Salí-Dulce, al directivo podría corresponderle un mínimo de tres años de prisión. En una nota concedida al diario porteño Página 12, el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez analizó cual podría ser el destino judicial de Rooney por la presunta violación de su empresa a la ley nacional 24.051, sobre residuos peligrosos.
“La Cámara Federal diferencia el delito doloso y el culposo, y le imputa a Rooney el delito doloso de contaminar el ambiente, sostiene que lo hace intencionalmente, que no se trata de una cuestión negligente. Le puede corresponder un mínimo de tres años de prisión. El máximo depende de las víctimas y la lesión que se haya realizado al medio ambiente. Por ejemplo, si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más”, explicó Gómez al periodista Darío Aranda, en un artículo publicado ayer en el mencionado matutino.
Gómez recordó que la causa contra la Minera nació a partir de denuncias de comunidades de Catamarca y Tucumán. “A poco de comenzar a investigar detectamos que Minera Alumbrera presentaba serios problemas de contaminación. Con Gendarmería Nacional comenzamos a hacer las primeras pericias y comprobamos que el canal DP2, donde Alumbrera descarga desechos, en Tucumán, tiene índices de contaminación muy elevados”, sostuvo.
De esta forma, la investigación preliminar concluyó en dos partes: por aparente contrabando, que requiere instrucción en Rosario (desde el puerto de esta ciudad se exporta la producción de la minera), y por contaminación ambiental. A partir de esto es que la Fiscalía Federal en primera instancia pidió la declaración indagatoria de Rooney.
Para Gómez las pruebas de contaminación fueron tan claras que hasta los propios informes de impacto ambiental de la empresa ratificaban esta situación. “A confesión de partes, relevo de pruebas. Esos informes aceptan, literalmente, la contaminación por encima de los niveles permitidos por la ley 24.051. El informe de la Secretaría de Minería de la Nación, en su página web, reconocía la contaminación y es otra prueba. Los informes de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, con datos de altos índices de contaminación. Y la pericia que hicimos con Gendarmería muestra gran cantidad de metales en el ambiente”, señaló el fiscal a Página 12.
Según el análisis de Gómez, detrás del posible delito de Minera Alumbrera existe un funcionario cómplice del mismo. Los cañones apuntan al actual secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. “Detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto. En el caso Alumbrera he pedido la imputación directa de Mayoral. Estoy seguro de que sabía de la contaminación de Alumbrera”.
“En este país, según Transparencia Internacional, es muy alta la impunidad. Y la corrupción es en función de la impunidad. Un dato: de 2000 a la fecha, hubo 1254 causas en el interior del país por delitos ambientales. En sólo cinco hubo condenas. Es una muestra de la impunidad”, agregó el fiscal de origen santacruceño en la nota periodística.
Según sostuvo, existe en algunas áreas del Estado una política de complicidad, con impunidad estructural y personal. “La corrupción es transversal. Atraviesa toda la dirigencia, todas las capas. El poder económico viene a la Argentina a contaminar porque aquí le hemos facilitado las cosas. La minería es un caso emblemático. Si se cumplieran las normas vigentes y el Estado realizara de manera rigurosa los controles necesarios, la minería a cielo abierto, altamente contaminante, no sería rentable y por lo tanto a las empresas multinacionales no les interesaría explotar el negocio. Con las papeleras e ingenios sucede lo mismo”.

EN EL 2008

ENERO 2008 CLAUSURA INGENIO LA CORONA

Los canales de vuelco de elfuentes del Ingenio La Corona, al cielo abierto, el olor irrespirable, la temperatura altisima, el destino el rio gastona y luego a la Cuenca Sali-Dulce y Dique de las Termas, por esta contaminacion con efluentes sería Procesado meses mas tarde este Ingenio sentando asi un precedente juridico.

La precariedad en la infraestructura de los Ingenios de la provincia ponen de manifiesto la falta de voluntad al cambio y la falta de respeto por la comunidad. Imagen del Ingenio la Corona, las montañas que se ven son Bagazo acumulado irresponsablemente sin ninguna precaucion, al aire libre y expuesto a la accion del viento, en condiciones Optimas para generar bagazocis a todo el que circula por las inmediaciones del ingenio.

Momentos en que se procedía a la clausura del Ingenio La Corona, por falta de cumplimiento en las obras de ingenieria civil prometidas para palear la contaminacion atmosferica, en las imagenes el Intendente Osvaldo Morelli, el Escr Minitti, el Ingeniero Lizarraga de la SEMA, junto al Ingeniero Sergio Villafañe en ese momento Secretario de Medio Ambiente de la Pvcia.

Ante quejas de los trabajadores, ambientalistas aseguran que no desean el cierre de los ingenios

Desde la Unión de Vecinos del Sur de la provincia (Univec) insistieron en sostener que no pretenden el cierre de fábricas ni industrias tras las clausuras dispuestas por la Dirección de Medio Ambiente a los ingenios La Corona de Concepción y San Juan de Banda del Río Salí por falta de inversiones para mitigar el daño ambiental. “Sabemos que las clausuras sólo afectarían a los obreros y sus familias, que nada tienen que ver con la actitud delictiva de los responsables de los ingenios, entendemos que el obrero y su familia son una víctima más de este modo de producir sucio y no sustentable. Exigimos estricto cumplimento del Programa de Reconversión Industrial y control y sanción por parte de las autoridades ante los incumplimientos. Entendemos que este es el mejor momento para sancionar a los ingenios; cuando realizan las obras prometidas y para las cuales recibieron la ayuda de la Nación”, aseguraron desde Univec. “La Clausura Preventiva, aplicada al ingenio La Corona e ingenio San Juan, “demuestran que ambos se encuentran en mora, en cuanto a la iniciación de las obras de mejoras, que por la complejidad que representan, provocará una zafra 2008, peor que las anteriores, con un alto índice de contaminación, afectando la salud pública y la calidad de vida de toda la provincia, concluyeron desde la agrupación sureña.

EL AGUA DE CONCEPCION

SE BUSCO EN CADA MONITOREO LA PRESENCIA DE QUINCE METALES PESADOS , LOS MAS PERJUDICIALES Y TOXICOS PARA LA SALUD. LA COMISION DE MUESTRAS ESTUVO A CARGO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y FUE INTEGRADA POR REPRESENTANTES DE LA UNIVEC, EL ERSACT,LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, LA LEGISLATURA DE TUCUMAN, LA SAT Y LA FEDERACION DE ONG AMB. DE TUCUMAN.

cADA UNA DE LAS PARTES SE LLEVO SUS MUESTRAS DE AGUAS CON EL COMPROMISO DE REALIZAR ANALISIS EN DISTINTOS LABORATORIOS A FIN DE UN FINAL COTEJO DE RESULTADOS CIENTIFICOS.

DE TODOS LOS ORGANISMOS INTEGRANTES EN LA COMISION SOLO PRESENTO ANALISIS DANDO CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EL SIPROSA Y LA UNIVEC.

LAS MUESTRAS RECIBIDAS POR NUESTRA ORGANIZACION FUERON ANALIZADAS EN LA UBA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Pabellón II, Laboratorio de Análisis de Trazas, INQUIMAE Y RELAIZADAS POR EL dR. JORGE STRIPEIKIS, MUESTRAS QUE DIERON UN RESULTADO SATISFACTORIO.

LA PRIMERA ETAPA CONCLUYO QUE EN LAS MUESTRAS DE AGUA DE LA CIUDAD DE CONCEPCION TOMADAS EN ESTA ETAPA NO SE DETECTARON METALES POR LO QUE LA MISMA FUE CERRADA CON EL AVAL DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION INCLUIDA LA FEDERACION DE ONG AMBIENTALISTAS DE TUCUMAN, LA UNIVEC NO FIRMO DICHA ACTA PORQUE NO FUE CONVOCADA.

EN EL AÑO 2007 COMENZARON LOS MONITOREOS DE AGUAS DE LA

CIUDAD DE CONCEPCION

MONITOREOS DE AGUA EN LA CIUDAD DE CONCEPCION

Contaminación del agua en Concepción: allanaron dependencias de la SAT


Por orden de la Justicia Federal, Gendarmería secuestró ayer documentación de la SAT.

Quejas de vecinos de Concepción Pese a la medida dispuesta por Racedo, no todos los vecinos de Concepción vieron con los mismos ojos al allanamiento. “La denuncia de Sangenis fue hace casi un año y recién se toman medidas. Tal vez se obtenga resultados del presente, pero no del pasado, cuando realmente pudo haber existido contaminación en el agua. Los jueces tienen que pensar que deben trabajar con más celeridad porque se trata de la salud de la población la que ésta en juego”, sostuvo Gustavo Masmud, de la agrupación ambiental de Concepción, unión de Vecinos del Sur.

Se trata de una medida dispuesta por la Justicia Federal a raíz de una denuncia del ex legislador Alejandro Sangenis. Se busca determinar si el hipoclorito que usó la empresa para potabilizar el agua en la ciudad sureña contenía valores de mercurio más altos de lo permitido. Desde la SAT confían en el archivo de la causa. Los antecedentes judiciales de la demanda. Quejas de vecinos de Concepción.Efectivos del escuadrón Nº 55 de Gendarmería allanaron durante la mañana de ayer la sede de la Sociedad Aguas del Tucumán, (SAT) de Monteagudo al 100, en la capital. Los uniformados secuestraron documentación vinculada a facturas y órdenes compra de hipoclorito de sodio comprado por la empresa desde 2004 en adelante. El operativo también se realizó en la sede de Concepción aunque de allí no se incautó material alguno.
El procedimiento fue dispuesto por el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, quien entiende una causa iniciada en junio del año pasado por el entonces presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Alejandro Sangenis.
En su presentación judicial, el ex legislador opositor solicitó que se realice una investigación correspondiente a fin de determinar si en Concepción el agua potable destinada al uso público se encontraba contaminada con mercurio y con otros metales pesados.
“Entendemos que la Justicia está buscando elementos de prueba para la causa a fin de determinar la veracidad de la denuncia. No nos consta que la existencia de mercurio en el agua por sobre valores superiores a lo establecido por ley. Esperamos que con la documentación tomada más los protocolos de análisis químicos aportados, se determine el archivo de la causa”, afirmó el asesor letrado de la SAT, Daniel Moeremans, en dialogo con primerafuente.
La sospecha sobre el hipoclorito de sodio
Entre otros puntos, Sangenis basó su denuncia en un estudio realizado a muestras de agua extraídas en la ciudad sureña por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en setiembre de 2006, que arrojaron como resultado la presencia de metales pesados (cobalto, estroncio, mercurio etc).
Además, asentó en su acusación que el hipoclorito de sodio (cloro) destinado a la potabilización de agua en diferentes puntos de Concepción estaría contaminado con mercurio.
Para esto, a la hora se justificar esta denuncia, Sangenis se valió de un informe realizado por el Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloacas de Tucumán (Ersact) a través de análisis efectuados en enero de 2007 por el laboratorio de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) sobre el hipoclorito de sodio destinado a los pozos de agua del barrio El Nevado y otro situado en Fray Luis Beltrán al 100, en Concepción, donde se confirma la presencia de mercurio.
La versión del Ersact
Consultado por primerafuente en aquel entonces, el gerente general del Ersact, José Rolando Erazzu, explicó que la presencia de mercurio en el hipoclorito de sodio se encuentra muy por debajo de los parámetros tolerados por entidades como el Código Alimentario Argentino o por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, según sus siglas en inglés). El funcionario alertó sobre las denuncias públicas que se realizaron en esa época en contra del funcionamiento tanto del ente a su cargo como de la SAT. “Son mal intencionadas y carecen de rigor científico alguno”, sostuvo en esa ocasión.
Erazzu admitió que tanto la CNEA como técnicos del propio Ersact, recomendaron a la SAT, a principios del año pasado, verificar si el hipoclorito que se utiliza en el agua de los pozos en la provincia no contenía mercurio en valores que luego pasen al agua de consumo y produzcan contaminación. A la vez , se solicitó al organismo a cargo de Alfredo Calvo, “extremar los controles químicos a los productos adquiridos (cloruro de sodio), según lo manifestó la jefa de División Control de Calidad del Ersact, Silvia Courel.
Justamente, estas observaciones despertaron las sospechas de los diferentes sectores que alertaron sobre la posible contaminación del agua de red en barrios de Concepción y motivó la denuncia efectuada por Sangenis.

Alerta por posible contaminación: se inició la segunda etapa de análisis del agua de Concepción

Esta vez los especialistas eligieron varias casas al azar para tomar muestras de líquido.

Tras analizar el estado del agua del barrio El Nevado, se iniciaron estudios para comprobar si el líquido que se consume en Concepción, a través de la red, está contaminado. Temen por entierros de concentrados minerales realizados hace varios años por Minera Alumbrera tras un derrame. Ambientalistas realizarán sus propios estudios para contrastarlos con los oficiales. La segunda etapa del análisis del agua de Concepción dio inicio el jueves pasado cuando se tomaron muestras de líquido en siete diferentes puntos de la ciudad (una escuela y seis domicilios). En esta instancia, se buscará determinar el estado de toda la red de agua de la localidad sureña (la primera etapa se centró en barrio El Nevado).
Las muestras serán derivadas a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para su estudio. Allí se analizarán posible presencia de elementos como mercurio, cadmio, selenio, plata, cromo, cobre, níquel, manganeso, estroncio, oro, vanadio y arsénico.
Vecinos temen que el agua que consumen se encuentre contaminada debido a enterramientos de concentrado vertidos por roturas del mineraloducto de Minera Alumbrera en cercanías del dique Villa Lola (Alpachiri), aproximadamente, 8 años atrás.
De los controles participan la SAT, Ersact, Federación de ONGs Ambientalistas, Unión de Vecinos del Sur (Univec), la Secretaría de Medio Ambiente, el Siprosa y la Municipalidad local.
Desde Univec advirtieron que con derivarán sus muestras a laboratorios privados para obtener sus propios resultados de los análisis de agua a fin de contrarrestarlos con los oficiales

CONTAMINACION AGUILARES-MARCHAS DE REPUDIO

FILTRO EN CONSTRUCCION DEL INGENIO

Tras las quejas de los vecinos, autoridades nacionales inspeccionaron el ingenio Aguilares


Los funcionarios comprobaron los insoportables ruidos que generan los escapes de vapor de una caldera de la fábrica y prometieron que en dos semanas la situación se solucionaría. Aseguran que el filtro de las chimeneas funcionará a pleno en los próximos días. Recorren las casas de vecinos de la empresa. Continúan los controles a fábricas. Luego de las airados reclamos de vecinos, autoridades de las Secretarías de Medio Ambiente nacional y local realizaron ayer una inspección al ingenio Aguilares y se reunieron nuevamente con los habitantes de la zona. Allí los funcionarios corroboraron las insoportables estridencias provenientes de los escapes de gas de una caldera de la fábrica, hecho que fue denunciado el martes pasado cuando pobladores de diferentes partes de la provincia fueron citados en la Dirección de Medio Ambiente provincial para ponerlos al tanto de los avances del Plan de Reconversión Industrial.
En concreto, la comitiva oficial transfirió a los vecinos la promesa de la fábrica azucarera de bajar los decibeles sonoros que ocasiona a través de la instalación de un sistema de generación de energía a través del vapor expulsado, según explicaron a primerafuente, habitantes del barrio 1 de Mayo. “Hasta entonces, se pautó una tolerancia de dos semanas hasta ver los cambios ofrecidos”, agregó Marta Yunta, cuya vivienda se halla a 200 metros de la planta fabril.
En cuanto a la emanación de hollín desde las chimeneas del ingenio, si bien los vecinos reconocieron que desde que la empresa inició su zafra (hace cinco días atrás), esta bajó sensiblemente, manifestaron su preocupación en cuanto a como será la situación en los próximos días.
“El ingenio no está en su capacidad productiva total. Tememos que cuando esto suceda vuelvan a cubrirnos con hollín. Ahora están arrojando cachaza, aunque la excusa es que esto sucede debido a las pruebas de funcionamiento del nuevo filtro scrubber que se instaló. Estamos en alerta”, advirtió Yunta.
Tras recorrer las instalaciones del ingenio, las autoridades acudieron a la casa de Olga de Brito, a metros del ingenio. La mujer permanece en delicado estado de salud supuestamente por la constante inhalación de las partículas de cenizas que despiden las chimeneas de la fábrica. Con más de 60 años, la mujer se ve obligada a usar barbijos especiales (húmedos) en forma constante como forma de no agravar la afección pulmonar que padece.
Este caso fue denunciado por la ONG Ambientalista Univec ante el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, en el marco de una causa por contaminación de las empresas azucareras tucumanas.
Durante la jornada de ayer, la comitiva encabezada por el secretario de Medio Ambiente provincial, Alfredo Montalván y el director nacional del Programa de Producción Limpia de la Secretaría de Ambiente de la Nación, Ariel Carabajal, también realizó inspecciones La Providencia y la citrícola Citrusvil.



Ecos de los reclamos vecinales que debieron escuchar los funcionarios

José Fernández Mendoza, vecino de Concepción, reclamó que las fábricas realicen estudios de impacto ambiental sobre sus efluentes.


José Fernández Mendoza, vecino de Concepción, reclamó que las fábricas realicen estudios de impacto ambiental sobre sus efluentes. --->
Aún resuena en la sala de reuniones de la Dirección de Medio Ambiente provincial las quejas de los vecinos en cuanto a la contaminación que producen las fábricas en sus vidas. El encuentro estuvo cargado de intervenciones en las que se expuso el malestar existente en diferentes puntos de la provincia.
Un grupo de mujeres cuyas residencias se encuentran próximas al ingenio Aguilares encabezó el derrotero de denuncias que debieron escuchar los funcionarios. Marta Yunta tomo la iniciativa al denunciar que el PRI sólo otorga beneficios a las empresas pero no a la población. “¿Cómo se explica que este ingenio que, según dicen, realizó inversiones millonarias esté ahora mismo sepultándonos otra vez de ceniza?, bramó, mientras hacía escuchar a través de su celular la grabación del ensordecedor ruido que la fábrica azucarera genera al permitir escapes de vapor a través de sus calderas.
Interrumpido en su alocución, el coordinador local del PRI, Rubén Dip, intentó calmar los ánimos al asegurar que en una semana el nuevo filtro scrubber que instaló Aguilares estaría en pleno funcionamiento.
Las vecinas retrucaron exigiendo la conformación de un acta acuerdo en las que se asiente qué se hará para erradicar los ruidos molestos y los olores nauseabundos de una laguna de sacrificio de vinaza y desechos de la empresa.
La posta la tomó el vecino del basural de Pacará Pintado, José Argañaraz, quien acusó a Montalván de haber mentido en cuanto a la caducidad del funcionamiento del vaciadero. Además, reclamó que sea la propia Secretaría de Medio Ambiente la que se constituya como querellante en los juicios contra las empresas contaminantes. “No podemos solventar con nuestros bolsillos los juicios contra ellos”, se quejó.
Montalván contestó que todo vecino tiene derecho a iniciar acciones legales por su cuenta y que es obligación del Estado garantizar la paz social en lo que respecta a garantizar las fuentes de trabajo y el derecho a un medio ambiente sano. “El PRI es un programa que tiene condiciones que lo hacen más efectivo. Si las empresas no cumplen lo prometido, el acuerdo se cae”, garantizó.
Por su parte, el referente de la Unión de Vecinos del Sur, Gustavo Masmud, solicitó a la presidenta de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Miriam Gallardo, que elabore proyectos de ley que eximan de pagos de impuestos a quienes padezcan las consecuencias de la contaminación ambiental que les causan las fábricas lindantes y que se obligue al Estado a iniciar acciones legales en la Justicia Federal contra los empresarios que no cumplan las normas que protegen al medio ambiente.
Carlos Aguilar expresó los padecimientos que hace años soporta por vivir a metros del ingenio Marapa en Alberdi. Sostuvo que debió cambiar dos veces el techo de su vivienda por el hollín y la lluvia ácida que ocasiona la contaminación de esta empresa. “Con la poca plata que tengo me compré hace seis meses otra casa. Hoy podría desplomarse por las grietas causadas por la vibración que de la maquinaria de la destilería del ingenio ¿Quién se hace responsable de este daño que sufrí?

Vecinos volverán a escrachar al ingenio Aguilares y el malestar se intensifica

En el sur ya no saben qué hacer para que los empresarios de ingenios los dejen vivir en paz.


En el sur ya no saben qué hacer para que los empresarios de ingenios los dejen vivir en paz. --->



El juez Racedo realizó una inspección ocularEn el marco de una causa iniciada por el gobierno santiagueño por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, el juez federal Nº2, Mario Racedo, junto a peritos de Gendarmería Nacional, realizó el viernes una inspección ocular en las adyacencias del ingenio Aguilares para constatar el daño ambiental que causa la fábrica. Si bien el magistrado optó por no adelantar las conclusiones de la medida judicial, se deslizó que el juez se habría llevado pésima imagen de la fábrica. Por orden de Racedo, expertos de la fuerza nacional ya allanaron once ingenios por supuesta violación a la ley nacional de residuos peligrosos Nº 24.051.




Mañana, desde las 10.30, se realizará otra marcha hacia la planta contaminante. Junto a la vinaza y el hollín que se arrojan al medio ambiente, la población reclamará por los ruidos ensordecedores que provienen constantemente de la fábrica. “Es tal el volumen del ruido que no podemos hablar ni dormir”, se quejó una vecina. La CCC también se sumará al escrache. El viernes el juez federal Racedo realizó una inspección ocular alrededor del ingenio.Hartos de ver cómo empresarios se enriquecen a costa de la salud de la población, vecinos de Concepción, La Trinidad y Aguilares marcharán mañana, a partir de las 10.30, hasta el ingenio de esta ciudad para insistir en su reclamo contra los padecimientos que esta fábrica azucarera causa en la población. En las puertas de la planta se realizará un acto de escrache y se depositarán bolsas de hollín y recipientes con vinaza que el ingenio arroja al medio ambiente.
La movilización tendrá como punto de partida la plaza 25 de Mayo y se desplazará por calles Sarmiento y Pringles hasta llegar a la fábrica. A la marcha se sumarán integrantes de la ONG Unión de Vecinos del Sur (Univec) y de la Corrientes Clasista y Combativa que, previamente, realizarán un corte sobre la ruta 38, a la altura del arroyo Barrientos por reivindicaciones salariales y sociales.
Junto a los problemas que este ingenio causa al aire con sus emanaciones de hollín y a los cursos de agua naturales con sus desechos industriales (bagazo y vinaza), uno de los principales martirios que los habitantes lindantes a la fábrica deben soportar está vinculado a la contaminación sonora.
Según Marta Ayunta, cuyo hogar se encuentra a dos cuadras de la planta, es tan alto el sonido que causan los escapes de gas de las calderas que la gente se acostumbró directamente a no hablar cuando se producen estas ensordecedoras estridencias. “Todos los días, durante veinte minutos, cada media hora, ya sabemos que no se podrá ver televisión, estudiar o dormir por que el ruido es insoportable. No hay derecho a castigar así a la gente. Esto es un atropello que ya estamos cansados de soportar”, se quejó la vecina del barrio San Andrés en diálogo con primerafuente.
El 5 de agosto el ingenio Aguilares ya había sido blanco del reclamo de la población por la contaminación que genera. Ese día, la hija del dueño del ingenio salió a las puertas de la fábrica y, sin dar respuesta alguna, fue abucheada por vecinos que le pidieron que le transmita a su padre (el acaudalado empresario Jorge Rocchia Ferro) que no dañe más el medio ambiente.

2007
Ambientalistas del sur volverán a escrachar al ingenio Aguilares y preparan una movilización en la Capital


Vecinos del sur preparan otra marcha de barbijos frente a Casa de Gobierno.

Vecinos del sur preparan otra marcha de barbijos frente a Casa de Gobierno. --->
La próxima semana, el ingenio Aguilares soportará otra protesta vecinal por la contaminación que causa. Los manifestantes adelantaron otra marcha hacia Casa de Gobierno. La movilización abarcará un acto de repudio frente a la sede del CART. Críticas al ombudsman. Recogerán muestras de contaminación para aportarlas a una causa en la Justicia Federal. Denuncian que contamina el aire con hollín y con olores nauseabundos. Que corren acequias cargadas de vinaza. Que ruidos ensordecedores hace una pesadilla la vida cotidiana. Hasta que todas estas penurias convergen hasta el punto en que la población, de a poco, comienza a salir de su letargo que toleró años de abuso. Los empresarios del ingenio Aguilares será testigo y parte privilegiada de esta reacción popular. Nuevamente, vecinos de diversas localidades del sur de la provincia marcharán durante la próxima semana (sería el jueves) para realizar un nuevo acto de escrache frente a la fábrica azucarera que los martiriza.
Tal como sucedió el 5 de agosto pasado, habitantes de Concepción y Aguilares se unirán en una marcha de repudio que concluirá en las puertas del foco contaminante. Allí, como en la ocasión anterior (también se hizo esto frente al ingenio La Corona) se le devolverá a la fábrica bolsas de hollín y recipientes con vinaza como símbolos del daño ambiental que desde allí se emanan.
Esto no será la única movilización que desde el sur se planea. Integrantes de la agrupación Unión de Vecinos (Univec) adelantaron a primerafuente una marcha con fecha a designar por diferentes puntos de la capital. Por lo pronto, se especula un acto de repudio frente a la sede del Centro Azucarero Regional de Tucumán (24 de Setiembre 582) para luego continuar hasta Casa de Gobierno. En ambos lugares se arrojará hollín y vinaza.
En el marco de esta movida, los manifestantes buscarán reunirse con el defensor del Pueblo, Jorge García Mena a quien se le reclama por no asumir como querellante en una causa judicial contra los ingenios por la contaminación que causa. Justamente, el ombudsman cuenta con un informe encomendado a la Universidad de Córdoba que confirma la contaminación atmosférica de los ingenios. En el periplo por la ciudad, los vecinos del sur intentarán reunirse con autoridades del área de Medio Ambiente de la provincia.
En forma paralela, desde Univec ratificaron que iniciarán una serie de análisis y tomas de muestras a partir de inspecciones que se realizarán junto a escribanos donde se constate contaminación aérea o acuática de los ingenios. Todo esto será aportado a modo de prueba en una causa que mantiene el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo contra los 15 ingenios provinciales.

Un fiscal imputa por contaminación ambiental a la mina La Alumbrera

“Por el puerto de San Lorenzo salen oro y cobre sin contabilizar”, dijo el fiscal Antonio Gómez.
Antonio Gustavo Gómez es fiscal general de Justicia federal de la Jurisdicción 15, que incluye tres provincias: Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Patagónico, santacruceño, se formó en Chubut, pero en 2001 ganó un concurso y pudo elegir un destino, y eligió Tucumán "porque es el lugar del país con mayor tasa de delitos que trata la Justicia federal (drogas, medioambiente, contrabando, entre otros)", explicó a La Capital, en una entrevista exclusiva en su despacho de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
   Con la ayuda de pobladores afectados, organizaciones no gubernamentales e investigadores particulares, Gómez se interesó en investigar delitos de contaminación. Lleva adelante una imputación contra la mina La Alumbrera, de Catamarca, que habría producido graves episodios de contaminación, tanto en Catamarca como en Tucumán y en Santiago del Estero, provincias que recorre el concentrado extraído del suelo argentino. Para luego exportarse desde puertos santafesinos al mundo.
   —¿Qué lo llevó a investigar al hermético tren?
   —Me vinieron a ver dos jubilados santiagueños. Ellos conocían datos del tren. Por ejemplo, el concentrado que transporta el tren (con minerales) no sólo contenía cobre. Sospechaban que podía afectar la salud humana porque los guardias no permiten en las paradas del tren que alguien se acerque a los vagones.
   —¿Y qué hizo?
   —Pedí informes a Gendarmería para determinar la calidad del agua en el canal DP2 (que transporta el agua que desecha la planta de secado del concentrado, en Tucumán, que baja a Santiago y termina en el sistema del Paraná), y me informaron que había un grado de contaminación importante. Por encima de los niveles máximos que permite la ley nacional y tratados internacionales. Eso es delito.
   —Sucede que la provincia de Tucumán dictó una resolución que autoriza niveles de contaminación muy superiores a lo indicado en convenios internacionales. Son patrocinantes de la contaminación.
   —Ellos dicen que lo hicieron porque "les interesa dar trabajo a la gente". Yo les digo que, con ese criterio, podrían ir a Bolivia, comprar cocaína, dictar un decreto que autorice a venderla en Tucumán, y entonces montar una empresa muy rentable que seguramente podría dar mucho "trabajo a la gente".
   —Podrían decirle que la cocaína es más peligrosa que contaminar el agua y el aire.
   —Y es falso. Porque la cocaína podría dañar a una franja minoritaria de la sociedad, pero el 100% de la población consume contaminación.
   —¿Cómo descubrió el presunto contrabando en el puerto exportador privado de La Alumbrera en San Lorenzo, a 15 minutos de Rosario?
   —Además de la causa de contaminación contra La Alumbrera —que hace tres años espera una resolución de la Cámara, en la Justicia federal de Tucumán—, también descubrimos que la Aduana de San Lorenzo (donde se embarcan las cargan que se exportan) no controla qué tipo de minerales salen del país ni la cantidad de cada uno.
   —¿Y los permisos de embarque de Aduana de San Lorenzo?
   —Para mi sorpresa veo que los permisos de embarque, algo básico de cualquier aduana, son cumplimentados (tipo de materiales y cantidades despachado de cada material) por el que recibe la carga en destino (Canadá y Holanda, entre otros destinos). O sea que el cobre, oro y decenas de otros minerales sumamente valiosos que se extraen en Catamarca y se exportan desde Santa Fe al mundo, no son contabilizados en la Aduana. El país queda a merced de comprador impuestos por lo que el comprador dice que recibió. La Aduana manda el permiso "a controlar", y desde Holanda luego dicen "tantas toneladas de oro y de cobre".
   —Algo así como "llévelo todo y pague lo que quiera".
   —Insólito, pero funciona así por un beneficio extraordinario que les otorgó el director general de la Aduana cuando empezó a funcionar La Alumbrera, en 1997. La Alumbrera exporta de dos formas, por un lado lingotes de oro que se procesan directamente en la mina, en Catamarca, que salen vía aérea, y los barros (concentrado de cobre), que sale por el mineraloducto desde la mina hasta Tucumán, luego en tren hasta el puerto de San Lorenzo y a los barcos con distintos destinos en el mundo.
   —Usted investigó el contenido del concentrado que llega en tren hasta la Aduana de San Lorenzo. ¿Qué encontró?
   —Le pedí ayuda a Gendarmería, y lo hicieron muy bien. Secuestraron parte del material y lo hicieron analizar. Además de cobre y oro, encontramos muchos otros minerales sumamente valiosos, que ni siquiera están men cionados por la empresa. Yo comuniqué al procurador general de la Nación (Esteban Righi, jefe nacional de los fiscales), él se lo pasó al fiscal general de Rosario ( jurisdicción nº 12) y se abrió una causa por contrabando.
—Acreditados esos elementos es dificil entender cómo la Justicia no logró interrumpir este proceso, luego de 11 años, desde que la minera empezó a producir.
  —Habría que buscar la explicación en que la multinacional La Alumbrera está asociada con una empresa minera de origen argentino, llamada YMAD, que integran a su vez la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. Curiosamente, cuando yo tomé esta causa en 2003 (con 6 años de vigencia de la explotación), YMAD, la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán no habían recibido ni un peso. La Alumbrera tienen una amplísima gama de beneficios fiscales que le permiten hacer pasar por pasivos lo que es una inversión en activos. Con este ardid cerraron balances en negativo durante años. Y ahí se abrió una investigación por presunta defraudación al Estado nacional y a la Universidad Nacional de Tucumán.

El fiscal que denuncia a La Alumbrera
Hall� pruebas para procesar al vicepresidente de la compa��a por violaci�n a la ley penal ambiental. Denuncia que buscan destituirlo.

Minera Alumbrera es el s�mbolo de la miner�a metal�fera a gran escala de la Argentina. Ubicada en Catamarca, hace trece a�os que extrae oro y cobre, explota 340 toneladas de roca por d�a y utiliza 4 millones de litros de agua por hora en zona des�rtica. La Uni�n de Asambleas Ciudadanas (UAC), que re�ne a cien pueblos en lucha, la exhibe como el ejemplo del fiasco minero, desmiente todas las promesas de las compa��as: no gener� desarrollo local, no aport� riqueza al pa�s y, por sobre todo, afirman que contamin� el medio ambiente. Luego de filtraciones en el dique de colas �una olla de 30 hect�reas y 150 metros de profundidad, que hace de basurero qu�mico�, cuatro derrames e innumerables denuncias, el vicepresidente de la compa��a fue procesado por el presunto delito de contaminaci�n. Es el primer caso en Latinoam�rica en el que un ejecutivo minero llega a esa instancia judicial. Las organizaciones sociales festejaron la medida y el sector empresarial se declar� en alerta. El fiscal de la C�mara Federal de Tucum�n, Antonio Gustavo G�mez, fue el impulsor de la investigaci�n y aport� las pruebas m�s comprometedoras. Asegura que la industria minera contamina, al igual que las pasteras y el monocultivo de soja. Afirma que detr�s de cada hecho de contaminaci�n hay un funcionario corrupto y reconoce que no hay condenas porque reina la impunidad. G�mez, que es jefe de fiscales federales, tambi�n denuncia una avanzada judicial que puede terminar con su destituci�n.
��C�mo comienza la causa Alumbrera?
�Nace con el antecedente de denuncias de comunidades de Catamarca y Tucum�n. Y a poco de comenzar a investigar detectamos que Minera Alumbrera presentaba serios problemas de contaminaci�n. Con Gendarmer�a Nacional comenzamos a hacer las primeras pericias y comprobamos que el canal DP2, donde Alumbrera descarga desechos, en Tucum�n, tiene �ndices de contaminaci�n muy elevados. Esa investigaci�n preliminar concluye en dos partes: por el hecho de contrabando, que se requiere instrucci�n en Rosario, y la contaminaci�n ambiental. Soy fiscal de C�mara, as� que entrego esa informaci�n al fiscal de primera instancia. Este requiere instrucci�n, pide la declaraci�n indagatoria de Juli�n Rooney (vicepresidente de Alumbrera).
��Qu� pruebas permiten el procesamiento?
�Hay pruebas de contaminaci�n hasta en los informes de impacto ambiental de la propia empresa. A confesi�n de partes, relevo de pruebas. Esos informes aceptan, literalmente, la contaminaci�n por encima de los niveles permitidos por la Ley 24.051, que es nuestra ley penal ambiental. El informe de la Secretar�a de Miner�a de la Naci�n, en su p�gina web, reconoc�a la contaminaci�n y es otra prueba. Los informes de la Secretar�a de Ambiente de Tucum�n, con datos de altos �ndices de contaminaci�n. Y la pericia que hicimos con Gendarmer�a muestra gran cantidad de metales en el ambiente.
��Cu�l podr�a ser la condena de Rooney?
�La C�mara Federal diferencia el delito doloso y el culposo, y le imputa a Rooney el delito doloso de contaminar el ambiente, sostiene que lo hace intencionalmente, que no se trata de una cuesti�n negligente. Le puede corresponder un m�nimo de tres a�os de prisi�n. El m�ximo depende de las v�ctimas y la lesi�n que se haya realizado al medio ambiente. Por ejemplo, si se comprueba que hubo muerte por contaminaci�n puede llegar hasta veinte a�os de prisi�n o m�s.
�En el caso de Alumbrera, �qui�n ser�a el funcionario responsable?
�Hay que remarcar que detr�s de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto. En el caso Alumbrera he pedido la imputaci�n directa del secretario de Miner�a de la Naci�n, Jorge Mayoral. Estoy seguro de que Mayoral sab�a de la contaminaci�n de Alumbrera.
�Miner�a, pasteras y monocultivo de soja. �Qu� observa en com�n?
�Miner�a, pasteras y soja tienen en com�n que son impunes y que lucran con la salud p�blica. Y esto es un tema central de control. En este pa�s, seg�n Transparencia Internacional, es muy alta la impunidad. Y la corrupci�n es en funci�n de la impunidad. Un dato: de 2000 a la fecha, hubo 1254 causas en el interior del pa�s por delitos ambientales. En s�lo cinco hubo condenas. Es una muestra de la impunidad.
��Fallan los organismos de control o es una pol�tica de complicidad para contaminar?
�En algunas �reas es una pol�tica de complicidad, con impunidad estructural y personal. Creo que la corrupci�n es transversal. Atraviesa toda la dirigencia, todas las capas. El poder econ�mico viene a la Argentina a contaminar porque aqu� le hemos facilitado las cosas. La miner�a es un caso emblem�tico. Si se cumplieran las normas vigentes y el Estado realizara de manera rigurosa los controles necesarios, la miner�a a cielo abierto, altamente contaminante, no ser�a rentable y por lo tanto a las empresas multinacionales no les interesar�a explotar el negocio. Con las papeleras e ingenios sucede lo mismo.
��Qu� opina del uso de agrot�xicos como el glifosato?
�Cuando cae a la tierra, provoca un grave caso de contaminaci�n ambiental. No podemos rociar indiscriminadamente: cuando toca la tierra o el agua, es muy grave.
�El �ltimo a�o se fumig� con 165 millones de litros de glifosato. �Por qu� no hay causas?
�Porque no hay fiscales preocupados en cuestiones ambientales y porque no hay jueces preocupados.
��Por qu� en el caso del glifosato se pide que haya pruebas que demuestren el da�o?
�Porque son ignorantes o c�mplices. En esos casos debiera aplicarse la figura de delito de peligro. El delito de peligro cl�sico es el narcotr�fico. Porque se captura la droga antes que haga da�o. Con la droga se pone en peligro a la comunidad. Los delitos de contaminaci�n son contra la salud p�blica de la misma manera que el narcotr�fico. Y es un delito de peligro, se lo tiene que detener antes que haga da�o a la comunidad. No se puede esperar, como ha dicho alg�n fiscal, una v�ctima y comprobar el nexo causal entre la contaminaci�n y la v�ctima porque eso es inmoral. Est� establecido en la ley, dice �quien ponga en peligro�, art�culo 55 de la 24.051, no dice que �da�e�. Son dos cosas muy distintas. Narcotr�fico y contaminaci�n son delitos de salud p�blica. El narcotr�fico s�lo afecta a quien quiere consumir droga que puede ser un porcentaje determinado de la poblaci�n, mientras que la contaminaci�n afecta a quienes no quieren consumir, a todos, y a pesar de ello el dinero dispuesto desde el Estado para combatir el narcotr�fico es interminable, pero para combatir la contaminaci�n es casi inexistente.
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PLANTA DE TRATAMIENTO MINERA ALUMBRERA Y CANAL DP 2, CRUZ ALTA TUCUMAN

El DIA 21/02/08, integrantes de UNIVEC: prof. Gustavo A. Masmud, Sra. Claudia Noguera, Dr. Eduardo Medina y el Ing. Quimico José Fernández Mendoza, visitan Planta de Secado de Minera Alumbrera y el Desagüe Pluvial 2 .
Fueron acompañados por el Secretario de Estado De Medio Ambiente Ing. Alfredo Montalban y el Director de Minería de la Provincia de Tucuman.
Esta visita fue solicitada por UNIVEC al Secretario de Estado Medio Ambiente. El objetivo de la misma era conocer la Planta de Secado de Minera Alumbrera y su funcionamiento, como así también, el DP2, lugar donde esta empresa arroja sus efluentes presuntamente tratados.
Al llegar al lugar fueron recibidos por el Gerente de Asuntos Provinciales de Minera Alumbrera Ing. Raúl Mentz y el Geólogo Fernando Lisiack.
Lo llamativo en esta visita fue que la planta no estaba funcionando en esos momentos lo que impidió observar como se realiza el secado del material minero.
En el recorrido por la toda la planta tuvo como fin conocer cual es el funcionamiento del sistema que procesa lo extraido por minera en el yacimiento, y conocer como se es tratada el agua extraida del concentrado y cual es el proceso antes de volcarle al canal DP2.
Los ingenieros que guiaron la visita, contestaron todas las inquietudes, y el recorrido se prolongó más de lo pensado, pero claro hay lugares como el laboratorio quimico al que no tuvieron acceso, pues la empresa se reserva ese derecho.
El agua residual resultante del secado y motivo de la contaminación de la cuenca Salí – dulce que fuera denunciado en el Juzgado Federal de Tucuman por el entonces ex director de medio ambiente, Dr. En Biología Juan A. González, es sometida a distintos tratamientos de purificación. La misma, circula por tres piletones que están situados dentro de la planta y que funcionan aparentemente, con las mas alta tecnología según lo informado por los representantes de minera, contando también, con un laboratorio de aguas al cual esta prohibido su acceso.
También se observo en ese momento, la llegada de camiones con bidones conteniendo, según lo informado por el Ing. Raúl Mentz, restos del derrame originado en la cumbre de Santa Ana en agosto del año pasado.
Para los representante de la planta, el agua residual, antes de ser arrojada a la vía publica (apreciación de UNI.VEC. porque observo que el canal DP2 esta en la vía publica) es tratada adecuadamente respetando valores establecidos por normativas de la Provincia de Tucuman. Si valoraron, que el agua así tratada, no es apta para consumo humano pero si para fertirriego. También manifestaron que el canal DP2 no se conecta con la cuenca Salí – dulce sino que termina en el dique El Frontal. Aduciendo que es un error inculpar a Minera por la supuesta contaminación de la cuenca Salí – dulce.
Culminado el recorrido de la Planta de Secado de Minera Alumbrera, los integrantes de la UNI.VEC. junto con el Secretario de Estado de Medio Ambiente y el Director de Minería , se apersonaron en la inmediaciones del DP2 para observar la salida del agua presuntamente tratada por la planta.

Conclusión
Como organización ambiental (UNIVEC) tenemos como principio, previo a emitir juicios de valor, ajustarnos a indicadores o resultados proporcionados por profesionales o instituciones idóneos a los fines de brindar información sustentada sobre bases científicas más aun cuando está en juego la salud pública y la paz social.

Esos indicadores a entender nuestro (UNIVEC), están dados por el informe suministrado por Gendarmería Nacional en la causas Juan Antonio González S/Denuncia en donde esta comprobado que los valores detectados (con metales pesados) en el lugar de vuelco de los efluentes de Minera Alumbrera, están por encima de lo permitido por la Ley de Tratamiento de Residuos Peligrosos Nº 24.051, contaminación esta que es confirmada luego por un informe de la misma Secretaría de Minería de La Nación. Al respecto, en esta visita y ante una pregunta sobre esta cuestión, los representantes de Minera manifestaron, que la Ley de Tratamiento de Residuos Peligrosos Nº 24051 no le es aplicable porque ellos no tratan con “residuos” peligrosos sino con efluentes y que por ese motivo se ajustan a la normativa provincial (que eleva dicho valores) que si lo contempla.

Mas alla de la predisposicion por parte de las personas que nos acompañaron (UniVec), no hay que olvidar la alta carga subjetiva a la hora de direccionar el discurso por parte de los representantes de Minera, y tambien es imprescindible recalcar que fuimos en un momento que la planta practicamente no esta operativa, seria positiva visitarla en pleno funcionamiento.
Mientras siga esta explotacion minera a cielo abierto autorizado por ley, nuestro objetivo sera exigir mayor monitoreos de los residuos y efluentes que esta genera, siempre con la participacion de ciudadanos y de laboratorios idoneos con profesionales idoneos que digan la verdad. Apoyar al Fiscal Federal General Dr. Antonio G. Gomez para que continue con su investigacion que tanto bien le hace a la comunidad y al mismo Poder Judicial de la Nacion.

En esta cuestión tan delicada y compleja, la ultima palabra la tienen los Jueces de la Cámara Federal De Apelaciones quienes tienen que resolver estas cuestiones de una vez por todas y sin mas mora que la ya acaecida. Apostamos que se pronuncien a favor del procesamiento del responsable de Minera Alumbrera por entender que solamente en un juicio oral y público se puede debatir esta cuestión que mantiene en vilo a seres humanos de las provincias involucradas que ven conculcados uno de los Derechos Humanos mas sagrado como el El Derecho A La Vida. Informo por UniVec Prof. Gustavo A. Masmud

VISITA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE MINERA ALUMBRERA