EL DESPOJO DE LAS MINERAS Y LA LUCHA SOCIAL
Pino Solanas investigó en Tucumán para su nuevo film sobre el saqueo de los recursos naturales
Solanas recabó información sobre causas ambientales impulsadas por Gómez a quien le expresó su apoyo.
La nota en imágenes
El laureado cineasta realizó entrevistas y recopiló información de cara a su nuevo documental en el que se explayará sobre el negociado, la corrupción y la contaminación ambiental detrás de la explotación de los recursos naturales en el país. Entrevistas con ambientalistas y en la Justicia Federal. El acuerdo entre la UNT y Minera Alumbrera y la embestida judicial del camarista Ricardo Sanjuan contra ONGs ecologistas, también están en la agenda de Solanas. Fuerte respaldo al fiscal general Gustavo Gómez sobre quien piden su destitución.
El reconocido director de cine, Fernando Ezequiel “Pino” Solanas, estuvo en la provincia recavando información en vistas a su nuevo documental basado en el saqueo de los recursos naturales del país. El cineasta llegó el domingo y se reunió con integrantes de la ONG ambientalista Pro-Eco, en su sede de Tafí Viejo (Laprida 116), donde buscó material para su próximo film.
Se trata de información vinculada a la lucha ambiental emprendida por diferentes organizaciones vecinales de la región. En este marco, Solanas se interiorizó sobre los reclamos de las asambleas sociales hacia la Justicia Federal en cuanto a la causa iniciada contra Minera Alumbrera por contaminación ambiental.
Como se recordará, luego de años de espera, el 29 de mayo pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió el procesamiento de Julián Rooney, en su calidad de vicepresidente de Minera Alumbrera, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051.
La causa se había iniciado en 1999 tras una denuncia del ex secretario de Medio Ambiente de la provincia, Juan Antonio González, quien había denunciado una presunta contaminación producida en el canal de desagüe DP2 (Ranchillos, Cruz Alta) donde la minera vuelca sus efluentes industriales. Este canal está conectado a la cuenca Salí-Dulce.
El cineasta bonaerense se mostró interesado en conocer en profundidad el desenvolvimiento de las protestas sociales realizadas frente a Tribunales Federales en reclamo de celeridad en esta causa, por parte de las ONGs. Uno de los aspectos que más llamaron la atención a Solanas se vincula a la denuncia realizada por el camarista Ricardo Mario Sanjuan contra integrantes de la Asamblea Socio Ambiental del NOA (Asanoa), de la cual forma parte Pro-Eco, quienes durante febrero escracharon a los camaristas federales en pos de una urgente definición en la causa Rooney.
Pocas semanas después de las protestas, la Cámara falló contra el directivo minero, con el voto de Sanjuan en disidencia. La influencia de las movilizaciones sociales sobre la Justicia también podría ser reflejada en la próxima obra del ex candidato a presidente en 2007 por el Movimiento Político Proyecto Sur (a través del cual obtuvo el quinto puesto con alrededor de 300 mil votos).
Entrevistas en la Fiscalía General Federal y en el Rectorado de la UNT
En tanto, durante la mañana de ayer, el premiado director de documentales como “La dignidad de los nadies”, “Argentina latente” o la recientemente estrenada “La próxima estación”, mantuvo una entrevista en Tribunales Federales con el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez.
Allí, en diálogo exclusivo con primerafuente, el cineasta optó por no hacer declaraciones sobre su nuevo trabajo aunque sí se expresó para reivindicar el rol de Gómez a la hora de llevar adelante centenares de denuncias vinculadas a la violación de leyes que protegen al medio ambiente, entre ellas la citada causa de Minera Alumbrera.
En este sentido, Solanas repudió los pedidos de destitución remitidos a la Procuración General de la Nación en contra del fiscal general (ver video que acompaña a esta nota) y se sumó, de esta forma, a la campaña nacional en defensa del funcionario judicial por parte de diversas organizaciones que defienden su desempeño.
Cabe recordar que se presentaron dos pedidos de destitución contra Gómez: uno impulsado por el empresario Carlos Gordillo, quien estuvo involucrado en una causa penal tributaria investigada por la propia Fiscalía General. Otro planteo fue realizado por el secretario general de los empleados judiciales, Julio Piumato, quien acusó a Gómez de haber acosado a empleados. Paradójicamente, estos trabajadores enviaron notas a la Procuración negando las acusaciones.
Asambleas ambientalistas vincularon estas denuncias al procesamiento Rooney y la investigación en torno a supuestas irregularidades en el proyecto Lomas de Tafí, ambas encaradas el fiscal general.
Tras reunirse con Gómez, el ex convencional en la reforma de la Constitución Argentina de 1994, realizó nuevas entrevistas con militantes de Pro-Eco en el Rectorado de la UNT. Esto con el objetivo de conocer las implicancias de relación entre la Casa de Altos Estudios y Minera Alumbrera, en el marco de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que conforman esta minera y el organismo Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), integrado por la UNT y el gobierno catamarqueño, los cuales recibirían, en total, el 20 por ciento de las utilidades generadas por la explotación de Bajo la Alumbrera.
En el mismo lugar, Solanas aprovechó a reunirse con el geólogo de la UNT, Florencio Aceñolaza. Tras esto, durante la tarde de ayer, partió hacia Mosconi, para analizar el impacto que tuvo en esa ciudad petrolera salteña el proceso desregulación y privatización dispuesto por el gobierno menemista.
Pérez Esquivel se sumó a la campaña en defensa de un fiscal federal de Tucumán
Las investigaciones de Gómez se ganaron el apoyo de organizaciones sociales y la bronca de sectores del poder.
Las investigaciones de Gómez se ganaron el apoyo de organizaciones sociales y la bronca de sectores del poder. --->
El Premio Nobel argentino envió una carta al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, en defensa del fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez, quien tiene dos pedidos de destitución en el órgano judicial federal. Esquivel calificó de “difícil e injusta” la situación del fiscal a quien lo identificó como “un símbolo de una justicia transparente e independiente”. El Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, salió a expresar su respaldo a la continuidad de fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez, quien soporta dos pedidos de destitución en la Procuración General la Nación (PGN). De esta forma, el reconocido militante defensor de los derechos humanos, se sumó a la masiva campaña internacional en defensa de Gómez quien en la actualidad se encuentra imposibilitado de realizar nuevas investigaciones preliminares por disposición del Procurador General de la Nación, Esteban Righi.
A través de una carta enviada a Righi,el 12 de noviembre pasado, Esquivel calificó de “difícil e injusta” la situación del fiscal a quien destacó por su “por su compromiso con los intereses del pueblo, y por su defensa continua de la justicia”. “Esa convicción lo llevó a luchar contra la impunidad, a investigar a los poderosos, a enfrentarse con empresas y personas que pensaban que su poder económico le permitía violar la ley”, agregó el profesor de arquitectura.
Esquivel fue más allá y se animó a calificar al letrado federal como un “símbolo de una justicia transparente e independiente”. “Nuestro deber es proteger a este hombre de justicia, honesto y comprometido, mientras que su destitución significaría que en nuestro país sigue triunfando la impunidad”, sentenció.
Existen dos pedidos de destitución contra Gómez: uno impulsado por el empresario Carlos Gordillo, quien estuvo involucrado en una causa penal tributaria investigada por la propia Fiscalía General.
Otro planteo fue realizado por el secretario general de los empleados judiciales, Julio Piumato, quien acusó a Gómez de haber acosado a empleados. Paradójicamente, estos trabajadores enviaron notas a la Procuración negando las acusaciones.
Asambleas ambientalistas vincularon estas denuncias al procesamiento dictado mayo pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán de Julián Rooney, en su calidad de vicepresidente de Minera Alumbrera, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051. Uno de los principales impulsores de esta investigación fue el propio Gómez quien, además, llevó adelante causas vinculadas a irregularidades en el proyecto habitacional Lomas de Tafí.
El origen del procesamiento a Rooney
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El 29 de mayo pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán echó por tierra la falta de mérito que había declarado el destituido juez Felipe Terán y dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Julián Patricio Rooney en su calidad de vicepresidente de Minera Alumbrera como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051.
En el fallo votaron a favor los camaristas Ernesto Wayar (presidente), Graciela Fernández Vecino y Raúl Mender, y en disidencia Ricardo Sanjuan; mientras que Marina Cossio de Mercau estuvo ausente al momento de la votación. La decisión de la Cámara responde a un recurso de apelación que había interpuesto el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, en contra de la resolución del destituido juez Felipe Terán, quien había declarado la falta de mérito a favor de Rooney. La causa se había iniciado en 1999 tras una denuncia del ex secretario de Medio Ambiente de la provincia, Juan Antonio González.
Concretamente, el biólogo investigador del Instituto Miguel Lillo había denunciado una presunta contaminación producida en el canal de desagüe DP2 donde la minera vuelca sus efluentes industriales. Dicho canal está ubicado en la ruta provincial 302, en la localidad de Ranchillos (Cruz Alta). Allí convergen las aguas que provienen de una planta de filtrado ubicada en esa zona, lugar donde desemboca, por medio de un mineraloducto, el concentrado de mineral que la empresa extrae del yacimiento Bajo La Alumbrera (Catamarca).
“Entendemos que se encontraría demostrada la realización de una actividad contaminante del agua a través del derrame de efluentes industriales sin previo tratamiento de descontaminación, en el curso del DP2”. De esta manera, los camaristas concluyeron el análisis de las pruebas probatorias del expediente (ver aparte). A esto agregaron que está demostrado que “dicho canal es utilizado como canal de desagüe, para fuente de agua de animales, riego de hortalizas y eventualmente bebida de personas y que el receptor final es el dique de Termas de Río Hondo”.
La medida judicial fue largamente esperada por distintas agrupaciones ambientales de la provincia que, en consonancia con ambientalistas nacionales, exigen que se investiguen los graves daños ambientales que producen los emprendimientos de minería a cielo abierto.
Afirman que a un directivo de Minera Alumbrera podrían condenarlo a tres años de prisión
Rooney podría terminar tras las rejas por el daño ambiental de la minera.
Rooney podría terminar tras las rejas por el daño ambiental de la minera. --->
Al vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, podrían condenarlo a un mínimo de tres años de prisión por violación a las leyes que protegen al medio ambiente. Así lo afirmó el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez en una entrevista concedida a un diario porteño de tirada nacional. “Si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más”, alertó el funcionario judicial. Que se condene a un alto directivo de una empresa multinacional por haber dañado al medio ambiente, en este país, parecería ser una quimera. Que la utopía se convierta en una realidad dependerá de la Justicia. Por lo pronto, ya hay quienes dieron su parte para que un hecho de estas características se constituya en un precedente histórico de cara a la defensa de las leyes que tienden a la preservación de la vida.
Para el principal impulsor de la causa contra el vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por el daño ambiental que esta empresa produce en una investigación vinculada al impacto que sufre la cuenca Salí-Dulce, al directivo podría corresponderle un mínimo de tres años de prisión. En una nota concedida al diario porteño Página 12, el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez analizó cual podría ser el destino judicial de Rooney por la presunta violación de su empresa a la ley nacional 24.051, sobre residuos peligrosos.
“La Cámara Federal diferencia el delito doloso y el culposo, y le imputa a Rooney el delito doloso de contaminar el ambiente, sostiene que lo hace intencionalmente, que no se trata de una cuestión negligente. Le puede corresponder un mínimo de tres años de prisión. El máximo depende de las víctimas y la lesión que se haya realizado al medio ambiente. Por ejemplo, si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más”, explicó Gómez al periodista Darío Aranda, en un artículo publicado ayer en el mencionado matutino.
Gómez recordó que la causa contra la Minera nació a partir de denuncias de comunidades de Catamarca y Tucumán. “A poco de comenzar a investigar detectamos que Minera Alumbrera presentaba serios problemas de contaminación. Con Gendarmería Nacional comenzamos a hacer las primeras pericias y comprobamos que el canal DP2, donde Alumbrera descarga desechos, en Tucumán, tiene índices de contaminación muy elevados”, sostuvo.
De esta forma, la investigación preliminar concluyó en dos partes: por aparente contrabando, que requiere instrucción en Rosario (desde el puerto de esta ciudad se exporta la producción de la minera), y por contaminación ambiental. A partir de esto es que la Fiscalía Federal en primera instancia pidió la declaración indagatoria de Rooney.
Para Gómez las pruebas de contaminación fueron tan claras que hasta los propios informes de impacto ambiental de la empresa ratificaban esta situación. “A confesión de partes, relevo de pruebas. Esos informes aceptan, literalmente, la contaminación por encima de los niveles permitidos por la ley 24.051. El informe de la Secretaría de Minería de la Nación, en su página web, reconocía la contaminación y es otra prueba. Los informes de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, con datos de altos índices de contaminación. Y la pericia que hicimos con Gendarmería muestra gran cantidad de metales en el ambiente”, señaló el fiscal a Página 12.
Según el análisis de Gómez, detrás del posible delito de Minera Alumbrera existe un funcionario cómplice del mismo. Los cañones apuntan al actual secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. “Detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto. En el caso Alumbrera he pedido la imputación directa de Mayoral. Estoy seguro de que sabía de la contaminación de Alumbrera”.
“En este país, según Transparencia Internacional, es muy alta la impunidad. Y la corrupción es en función de la impunidad. Un dato: de 2000 a la fecha, hubo 1254 causas en el interior del país por delitos ambientales. En sólo cinco hubo condenas. Es una muestra de la impunidad”, agregó el fiscal de origen santacruceño en la nota periodística.
Según sostuvo, existe en algunas áreas del Estado una política de complicidad, con impunidad estructural y personal. “La corrupción es transversal. Atraviesa toda la dirigencia, todas las capas. El poder económico viene a la Argentina a contaminar porque aquí le hemos facilitado las cosas. La minería es un caso emblemático. Si se cumplieran las normas vigentes y el Estado realizara de manera rigurosa los controles necesarios, la minería a cielo abierto, altamente contaminante, no sería rentable y por lo tanto a las empresas multinacionales no les interesaría explotar el negocio. Con las papeleras e ingenios sucede lo mismo”.
Pino Solanas investigó en Tucumán para su nuevo film sobre el saqueo de los recursos naturales
Solanas recabó información sobre causas ambientales impulsadas por Gómez a quien le expresó su apoyo.
La nota en imágenes
El laureado cineasta realizó entrevistas y recopiló información de cara a su nuevo documental en el que se explayará sobre el negociado, la corrupción y la contaminación ambiental detrás de la explotación de los recursos naturales en el país. Entrevistas con ambientalistas y en la Justicia Federal. El acuerdo entre la UNT y Minera Alumbrera y la embestida judicial del camarista Ricardo Sanjuan contra ONGs ecologistas, también están en la agenda de Solanas. Fuerte respaldo al fiscal general Gustavo Gómez sobre quien piden su destitución.
El reconocido director de cine, Fernando Ezequiel “Pino” Solanas, estuvo en la provincia recavando información en vistas a su nuevo documental basado en el saqueo de los recursos naturales del país. El cineasta llegó el domingo y se reunió con integrantes de la ONG ambientalista Pro-Eco, en su sede de Tafí Viejo (Laprida 116), donde buscó material para su próximo film.
Se trata de información vinculada a la lucha ambiental emprendida por diferentes organizaciones vecinales de la región. En este marco, Solanas se interiorizó sobre los reclamos de las asambleas sociales hacia la Justicia Federal en cuanto a la causa iniciada contra Minera Alumbrera por contaminación ambiental.
Como se recordará, luego de años de espera, el 29 de mayo pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió el procesamiento de Julián Rooney, en su calidad de vicepresidente de Minera Alumbrera, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051.
La causa se había iniciado en 1999 tras una denuncia del ex secretario de Medio Ambiente de la provincia, Juan Antonio González, quien había denunciado una presunta contaminación producida en el canal de desagüe DP2 (Ranchillos, Cruz Alta) donde la minera vuelca sus efluentes industriales. Este canal está conectado a la cuenca Salí-Dulce.
El cineasta bonaerense se mostró interesado en conocer en profundidad el desenvolvimiento de las protestas sociales realizadas frente a Tribunales Federales en reclamo de celeridad en esta causa, por parte de las ONGs. Uno de los aspectos que más llamaron la atención a Solanas se vincula a la denuncia realizada por el camarista Ricardo Mario Sanjuan contra integrantes de la Asamblea Socio Ambiental del NOA (Asanoa), de la cual forma parte Pro-Eco, quienes durante febrero escracharon a los camaristas federales en pos de una urgente definición en la causa Rooney.
Pocas semanas después de las protestas, la Cámara falló contra el directivo minero, con el voto de Sanjuan en disidencia. La influencia de las movilizaciones sociales sobre la Justicia también podría ser reflejada en la próxima obra del ex candidato a presidente en 2007 por el Movimiento Político Proyecto Sur (a través del cual obtuvo el quinto puesto con alrededor de 300 mil votos).
Entrevistas en la Fiscalía General Federal y en el Rectorado de la UNT
En tanto, durante la mañana de ayer, el premiado director de documentales como “La dignidad de los nadies”, “Argentina latente” o la recientemente estrenada “La próxima estación”, mantuvo una entrevista en Tribunales Federales con el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez.
Allí, en diálogo exclusivo con primerafuente, el cineasta optó por no hacer declaraciones sobre su nuevo trabajo aunque sí se expresó para reivindicar el rol de Gómez a la hora de llevar adelante centenares de denuncias vinculadas a la violación de leyes que protegen al medio ambiente, entre ellas la citada causa de Minera Alumbrera.
En este sentido, Solanas repudió los pedidos de destitución remitidos a la Procuración General de la Nación en contra del fiscal general (ver video que acompaña a esta nota) y se sumó, de esta forma, a la campaña nacional en defensa del funcionario judicial por parte de diversas organizaciones que defienden su desempeño.
Cabe recordar que se presentaron dos pedidos de destitución contra Gómez: uno impulsado por el empresario Carlos Gordillo, quien estuvo involucrado en una causa penal tributaria investigada por la propia Fiscalía General. Otro planteo fue realizado por el secretario general de los empleados judiciales, Julio Piumato, quien acusó a Gómez de haber acosado a empleados. Paradójicamente, estos trabajadores enviaron notas a la Procuración negando las acusaciones.
Asambleas ambientalistas vincularon estas denuncias al procesamiento Rooney y la investigación en torno a supuestas irregularidades en el proyecto Lomas de Tafí, ambas encaradas el fiscal general.
Tras reunirse con Gómez, el ex convencional en la reforma de la Constitución Argentina de 1994, realizó nuevas entrevistas con militantes de Pro-Eco en el Rectorado de la UNT. Esto con el objetivo de conocer las implicancias de relación entre la Casa de Altos Estudios y Minera Alumbrera, en el marco de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que conforman esta minera y el organismo Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), integrado por la UNT y el gobierno catamarqueño, los cuales recibirían, en total, el 20 por ciento de las utilidades generadas por la explotación de Bajo la Alumbrera.
En el mismo lugar, Solanas aprovechó a reunirse con el geólogo de la UNT, Florencio Aceñolaza. Tras esto, durante la tarde de ayer, partió hacia Mosconi, para analizar el impacto que tuvo en esa ciudad petrolera salteña el proceso desregulación y privatización dispuesto por el gobierno menemista.
Pérez Esquivel se sumó a la campaña en defensa de un fiscal federal de Tucumán
Las investigaciones de Gómez se ganaron el apoyo de organizaciones sociales y la bronca de sectores del poder.
Las investigaciones de Gómez se ganaron el apoyo de organizaciones sociales y la bronca de sectores del poder. --->
El Premio Nobel argentino envió una carta al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, en defensa del fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez, quien tiene dos pedidos de destitución en el órgano judicial federal. Esquivel calificó de “difícil e injusta” la situación del fiscal a quien lo identificó como “un símbolo de una justicia transparente e independiente”. El Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, salió a expresar su respaldo a la continuidad de fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez, quien soporta dos pedidos de destitución en la Procuración General la Nación (PGN). De esta forma, el reconocido militante defensor de los derechos humanos, se sumó a la masiva campaña internacional en defensa de Gómez quien en la actualidad se encuentra imposibilitado de realizar nuevas investigaciones preliminares por disposición del Procurador General de la Nación, Esteban Righi.
A través de una carta enviada a Righi,el 12 de noviembre pasado, Esquivel calificó de “difícil e injusta” la situación del fiscal a quien destacó por su “por su compromiso con los intereses del pueblo, y por su defensa continua de la justicia”. “Esa convicción lo llevó a luchar contra la impunidad, a investigar a los poderosos, a enfrentarse con empresas y personas que pensaban que su poder económico le permitía violar la ley”, agregó el profesor de arquitectura.
Esquivel fue más allá y se animó a calificar al letrado federal como un “símbolo de una justicia transparente e independiente”. “Nuestro deber es proteger a este hombre de justicia, honesto y comprometido, mientras que su destitución significaría que en nuestro país sigue triunfando la impunidad”, sentenció.
Existen dos pedidos de destitución contra Gómez: uno impulsado por el empresario Carlos Gordillo, quien estuvo involucrado en una causa penal tributaria investigada por la propia Fiscalía General.
Otro planteo fue realizado por el secretario general de los empleados judiciales, Julio Piumato, quien acusó a Gómez de haber acosado a empleados. Paradójicamente, estos trabajadores enviaron notas a la Procuración negando las acusaciones.
Asambleas ambientalistas vincularon estas denuncias al procesamiento dictado mayo pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán de Julián Rooney, en su calidad de vicepresidente de Minera Alumbrera, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051. Uno de los principales impulsores de esta investigación fue el propio Gómez quien, además, llevó adelante causas vinculadas a irregularidades en el proyecto habitacional Lomas de Tafí.
El origen del procesamiento a Rooney
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El 29 de mayo pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán echó por tierra la falta de mérito que había declarado el destituido juez Felipe Terán y dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Julián Patricio Rooney en su calidad de vicepresidente de Minera Alumbrera como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051.
En el fallo votaron a favor los camaristas Ernesto Wayar (presidente), Graciela Fernández Vecino y Raúl Mender, y en disidencia Ricardo Sanjuan; mientras que Marina Cossio de Mercau estuvo ausente al momento de la votación. La decisión de la Cámara responde a un recurso de apelación que había interpuesto el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, en contra de la resolución del destituido juez Felipe Terán, quien había declarado la falta de mérito a favor de Rooney. La causa se había iniciado en 1999 tras una denuncia del ex secretario de Medio Ambiente de la provincia, Juan Antonio González.
Concretamente, el biólogo investigador del Instituto Miguel Lillo había denunciado una presunta contaminación producida en el canal de desagüe DP2 donde la minera vuelca sus efluentes industriales. Dicho canal está ubicado en la ruta provincial 302, en la localidad de Ranchillos (Cruz Alta). Allí convergen las aguas que provienen de una planta de filtrado ubicada en esa zona, lugar donde desemboca, por medio de un mineraloducto, el concentrado de mineral que la empresa extrae del yacimiento Bajo La Alumbrera (Catamarca).
“Entendemos que se encontraría demostrada la realización de una actividad contaminante del agua a través del derrame de efluentes industriales sin previo tratamiento de descontaminación, en el curso del DP2”. De esta manera, los camaristas concluyeron el análisis de las pruebas probatorias del expediente (ver aparte). A esto agregaron que está demostrado que “dicho canal es utilizado como canal de desagüe, para fuente de agua de animales, riego de hortalizas y eventualmente bebida de personas y que el receptor final es el dique de Termas de Río Hondo”.
La medida judicial fue largamente esperada por distintas agrupaciones ambientales de la provincia que, en consonancia con ambientalistas nacionales, exigen que se investiguen los graves daños ambientales que producen los emprendimientos de minería a cielo abierto.
Afirman que a un directivo de Minera Alumbrera podrían condenarlo a tres años de prisión
Rooney podría terminar tras las rejas por el daño ambiental de la minera.
Rooney podría terminar tras las rejas por el daño ambiental de la minera. --->
Al vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, podrían condenarlo a un mínimo de tres años de prisión por violación a las leyes que protegen al medio ambiente. Así lo afirmó el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez en una entrevista concedida a un diario porteño de tirada nacional. “Si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más”, alertó el funcionario judicial. Que se condene a un alto directivo de una empresa multinacional por haber dañado al medio ambiente, en este país, parecería ser una quimera. Que la utopía se convierta en una realidad dependerá de la Justicia. Por lo pronto, ya hay quienes dieron su parte para que un hecho de estas características se constituya en un precedente histórico de cara a la defensa de las leyes que tienden a la preservación de la vida.
Para el principal impulsor de la causa contra el vicepresidente de Minera Alumbrera, Julián Rooney, por el daño ambiental que esta empresa produce en una investigación vinculada al impacto que sufre la cuenca Salí-Dulce, al directivo podría corresponderle un mínimo de tres años de prisión. En una nota concedida al diario porteño Página 12, el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez analizó cual podría ser el destino judicial de Rooney por la presunta violación de su empresa a la ley nacional 24.051, sobre residuos peligrosos.
“La Cámara Federal diferencia el delito doloso y el culposo, y le imputa a Rooney el delito doloso de contaminar el ambiente, sostiene que lo hace intencionalmente, que no se trata de una cuestión negligente. Le puede corresponder un mínimo de tres años de prisión. El máximo depende de las víctimas y la lesión que se haya realizado al medio ambiente. Por ejemplo, si se comprueba que hubo muerte por contaminación puede llegar hasta veinte años de prisión o más”, explicó Gómez al periodista Darío Aranda, en un artículo publicado ayer en el mencionado matutino.
Gómez recordó que la causa contra la Minera nació a partir de denuncias de comunidades de Catamarca y Tucumán. “A poco de comenzar a investigar detectamos que Minera Alumbrera presentaba serios problemas de contaminación. Con Gendarmería Nacional comenzamos a hacer las primeras pericias y comprobamos que el canal DP2, donde Alumbrera descarga desechos, en Tucumán, tiene índices de contaminación muy elevados”, sostuvo.
De esta forma, la investigación preliminar concluyó en dos partes: por aparente contrabando, que requiere instrucción en Rosario (desde el puerto de esta ciudad se exporta la producción de la minera), y por contaminación ambiental. A partir de esto es que la Fiscalía Federal en primera instancia pidió la declaración indagatoria de Rooney.
Para Gómez las pruebas de contaminación fueron tan claras que hasta los propios informes de impacto ambiental de la empresa ratificaban esta situación. “A confesión de partes, relevo de pruebas. Esos informes aceptan, literalmente, la contaminación por encima de los niveles permitidos por la ley 24.051. El informe de la Secretaría de Minería de la Nación, en su página web, reconocía la contaminación y es otra prueba. Los informes de la Secretaría de Ambiente de Tucumán, con datos de altos índices de contaminación. Y la pericia que hicimos con Gendarmería muestra gran cantidad de metales en el ambiente”, señaló el fiscal a Página 12.
Según el análisis de Gómez, detrás del posible delito de Minera Alumbrera existe un funcionario cómplice del mismo. Los cañones apuntan al actual secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. “Detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto. En el caso Alumbrera he pedido la imputación directa de Mayoral. Estoy seguro de que sabía de la contaminación de Alumbrera”.
“En este país, según Transparencia Internacional, es muy alta la impunidad. Y la corrupción es en función de la impunidad. Un dato: de 2000 a la fecha, hubo 1254 causas en el interior del país por delitos ambientales. En sólo cinco hubo condenas. Es una muestra de la impunidad”, agregó el fiscal de origen santacruceño en la nota periodística.
Según sostuvo, existe en algunas áreas del Estado una política de complicidad, con impunidad estructural y personal. “La corrupción es transversal. Atraviesa toda la dirigencia, todas las capas. El poder económico viene a la Argentina a contaminar porque aquí le hemos facilitado las cosas. La minería es un caso emblemático. Si se cumplieran las normas vigentes y el Estado realizara de manera rigurosa los controles necesarios, la minería a cielo abierto, altamente contaminante, no sería rentable y por lo tanto a las empresas multinacionales no les interesaría explotar el negocio. Con las papeleras e ingenios sucede lo mismo”.
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